Es imprescindible un marco claro, estable, transparente y sostenible basándose en la colaboración publico-privada con un sistema de acreditación y unos estándares de calidad por grados y niveles de dependencia. Establecer tarifas por grado y nivel de dependencia alineadas con el coste real de los servicios evitaría que las tarifas privadas cubran el déficit de las tarifas públicas.
La sostenibilidad del sector requiere no sólo superar este déficit tarifario, para que la iniciativa privada pueda seguir invirtiendo en una oferta de calidad, sino la apuesta por servicios profesionales que generen empleo estable y no deslocalizablefuente: Asociación Aeste.
Un informe sobre la “Situación del Servicio de Atención Residencial en España”, de la firma PriceWaterhouseCoopers revela las deficiencias de la puesta en marcha de la ley Dependencia en España y apuesta por un marco estable, transparente y sostenible basándose en la colaboración público-privada con un sistema de acreditación definido y unos estándares claros de calidad por grados y niveles de dependencia. El estudio presentado hoy en Madrid, en una jornada organizada conjuntamente con AESTE, la asociación española de los grandes operadores, analiza la situación del sector residencial y presenta el modelo de colaboración público-privado para lograr la sostenibilidad del sistema.
El informe considera que para dar sostenibilidad al sistema se debe establecer una colaboración público-privada más eficiente y apuesta por “establecer las tarifas de las plazas concertadas por la Administración por nivel de dependencia según el coste real de los servicios para evitar que las tarifas privadas cubran el déficit de las tarifas públicas”. El coste medio de una plaza residencial en España es de 70 € /día. Las tarifas oscilan desde los 1928€ al mes para la baja dependencia hasta los 2.187€ al mes para la alta dependencia. Actualmente las Administraciones pagan una media de 54 € al día a los centros concertados, lo que supone 16 € diarios menos de su coste.
Los autores del informe también destacan que a medida el calendario de implantación de la llamada Ley de la Dependencia avanza, se observa como el peso de la atención residencial disminuye en favor del cuidado familiar, una figura que la Ley prevé como excepcional y que representa casi la mitad de las prestaciones.
En este aspecto, hay comunidades con más de un 80% de prestaciones en forma de cuidadores familiares. Por el contrario, comunidades como la de Madrid destacan por el reducido peso de esta prestación, frente a otras como la atención residencial que representa el 52% de las prestaciones.
Se observa también una aplicación dispar de la Ley por Comunidades Autónomas, existiendo unos territorios más favorecidos que otros sin seguir criterios coherentes y unificados ni por población, ni por grado de dependencia, ni por tipo de prestación asignada.
El número de plazas residenciales en España ha aumentado un 25% en los últimos 6 años y a finales de 2.009 ya superaba las 320.000 plazas, de ellos 3 de cada 4 son de titularidad y gestión privada, gestionando el 75% de las plazas residenciales. Andalucía es la CC.AA con más número de ayudas de cualquier tipo otorgadas, y segunda si se mide en relación su la población, únicamente superada por la Rioja. Cataluña, Madrid, Castilla y León y Andalucía lideran el ranking por número de plazas, que aunque dispar de unas CC.AA a otras, coincide en disponer de un mayor número de plazas privadas. El índice de cobertura (relación entre plazas en residencias y personas mayores de 65 años) recomendado por la OMS es de 5% y España se sitúa en 4,1% por lo que hay demanda a satisfacer.
Los servicios profesionales de atención a la dependencia son un gran generador de empleo estable y no deslocalizable. El estudio recomienda la priorización de éstos según nivel de dependencia frente a cuidados familiares que no generan empleo ni retorno económico y apunta que es esencial completar el proceso de acreditación que garantice a los ciudadanos un servicio de calidad comparable en todo el territorio, y que sin duda llevará implícita una reconversión del sector.
Una población cada vez más envejecida y dependiente
El envejecimiento se ha convertido en uno de los principales retos socioeconómicos del siglo XXI. En el futuro nuestra población contará con menos personas laboralmente activas, lo que implica un serio desafío para que las economías europeas sigan creciendo y siendo competitivas en un mundo global. España tiene ya más personas de más de 65 años que niños de entre 0 y 14 años. Hay más de 7 millones de mayores, lo que representa un 16,9% de la población. Según proyecciones del INE, esta cifra aumentará hasta los 14,7 millones en el año 2050, un 33,5% de la población prevista para entonces. Estos mayores vivirán 16 años más en el caso de los hombres y 20 en el de las mujeres. En cuanto a los mayores con discapacidades en España, en 1999 había casi dos millones y medio y se prevé que esta cifra aumente un 76,8% hasta 2020.
El progresivo envejecimiento de la población provoca un aumento de la tasa de dependencia. La distribución del número de dependientes por CC.AA no es uniforme. Los autores del estudio presentado hoy reconocen que “la Ley de Dependencia ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, pero aún le queda mucho camino por recorrer”. Más de 1 millón de personas reciben prestación actualmente en España aunque es una cifra insuficiente dadas las necesidades de una población tan envejecida.
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